3.2M
EC¿Sabías qué? 🤔
El narcotráfico es uno de los mayores enemigos de la estabilidad, la justicia y el desarrollo en el mundo hispano. Allí donde los cárteles crecen, el Estado se debilita: se corrompen instituciones, se destruye la seguridad pública, se manchan las elecciones y se socavan la economía y la paz social. Por eso es indispensable que los gobiernos enfrenten este problema con decisión, sin ambigüedades ni pactos implícitos.
Cuando un gobierno renuncia a combatirlo, lo minimiza o evita confrontarlo, es inevitable que surjan dudas entre los ciudadanos: ¿se trata de incapacidad, de miedo, de cálculo político… o de connivencia? La historia reciente de varios países muestra que la pasividad frente al crimen organizado nunca es inocente. La falta de acción siempre beneficia a los cárteles y perjudica a la población.
El Estado, por el contrario, sí posee la capacidad y la potestad para derrotar al narcotráfico: fuerzas armadas, inteligencia, cooperación internacional, control financiero, leyes, tribunales y poder coercitivo legítimo. Lo único que falta, cuando no se actúa, es voluntad política.
En resumen: plantar cara al narcotráfico no es solo una opción, sino un deber moral y constitucional. Los pueblos merecen gobiernos que protejan su seguridad, su libertad y su futuro, no administraciones que miren hacia otro lado mientras los criminales se fortalecen. Un Estado decidido puede acabar con ellos; un Estado débil o ambiguo, jamás.
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